En reserva el caso respiradores, la Fiscalía pretende evitar la fuga de implicados

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El caso de la presunta compra irregular de respiradores para la lucha contra el nuevo coronavirus, en el que están involucrados funcionarios del Gobierno, ha sido declarado en reserva, reveló este miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Es importante hacerles conocer que el Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial que declare la reserva de las actuaciones; entonces, a partir de hoy se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación del caso Respiradores”, informó.

Al informar de la decisión de su despacho, Lanchipa informó el caso “está en etapa de investigación y se tiene identificada ya una parte a los responsables”.

Explicó que la declaratoria en reserva del caso servirá para resguardar las investigaciones y de esta manera evitar la evasión de posibles implicados. “La reserva es una estrategia de investigación para evitar se oculten y escapen los responsables de los hechos”, insistió Lanchipa.

Este caso estalló la pasada semana al conocerse que hubo irregularidades en la compra de 170 respiradores de la marca Respira, de la fábrica española GPAinnova, importadas a Bolivia por la también firma español IME Consulting Global Services SL, a un costo unitario de contrato de $us 28.080, a diferencia de los $us 7.234 ofrecidos en planta.

En el presunto sobreprecio, que el fiscal Marco Antonio Cossío dijo que alcanza a más de $us 3 millones, están implicados principalmente tres exfuncionarios: el exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco.

Además, el considerado “testigo clave” Luis Fernando Humérez, uno de los intermediarios en la polémica compra, y una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad financiadora y la que aprobó la “no objeción” de la comprar y la pertinencia del proceso de adquisición de equipos.

Los 170 respiradores fueron comprados en un monto total de contrato que asciende a $us 4,7 millones. Los equipos fueron descargados en Santa Cruz el 14 de mayo y esa misma tarde la presidenta Jeanine Áñez, acompañada del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entregó un lote de 30 a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Tomado: La Razón