Amenazan a Gigavisión por caso DDRR

Denuncia ANP

Un representante del Consejo de la Magistratura de Bolivia amenazó con un proceso judicial a la red privada de Tv “Gigavisión”, por informar sobre demoras en la atención al público que acude a la oficina de Derechos Reales.

El 2 de julio, “Gigavisión” emitió un informe con denuncias de ciudadanos sobre largas filas, malos tratos, pagos a tramitadores e incluso a funcionarios para agilizar el papeleo en la Representación Departamental de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura.

Al día siguiente, el representante Distrital de la Magistratura en Santa Cruz, Mauricio Romero Catacora, habló con una periodista de “Gigavisión” y amenazó: “paren el tema” o de lo contrario se abrirá un proceso, según una nota de la Asociación Nacional de la Prensa.

El jefe nacional de Prensa de la red privada, Junior Arias Paravicini, lamentó la actitud del funcionario “pese a que en ningún momento se hizo una alusión contra su persona. Además, publicamos denuncias de que similar problema se daba en varias ciudades bolivianas, no solo en Santa Cruz”.

Arias dijo que Romero lo llamó después por teléfono, para desmentir el intento de intimidación.

“Gigavisión” ha mantenido el tema en su agenda informativa y difundió la denuncia del Juez Registrador de la Distrital de la Magistratura en Santa Cruz, Alfredo Echeverría, quien afirmó que las demoras se deben al despido injustificado de funcionarios y que los nuevos carecen de capacitación.

El pasado 26 de junio, las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz fueron allanadas por la Fiscalía Anticorrupción y agentes policiales, por denuncias de haber admitido documentos falsificados.

Durante los primeros meses de 2018 se han comprobado 10 casos de doble titulación de terrenos.

Las denuncias de corrupción en Derechos Reales son recurrentes en la prensa boliviana y el año pasado determinaron la destitución del director nacional, Jorge Bohórquez Tórrez, que tras haber cumplido seis meses en el cargo fue detenido el 31 de julio de 2017 e imputado por un caso de extorsión para mantener en sus cargos a 140 jueces.

 

Según datos publicados por el periódico boliviano El Deber, en la oficina de Derechos Reales en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del país, se recibe un promedio de 1.500 trámites diarios, y la última recaudación anual ascendió a 173,8 millones de bolivianos que equivalen a cerca de 25 millones de dólares.

 

El Consejo de la Magistratura que tiene a Derechos Reales como una de sus Direcciones, es el órgano Administrativo y Disciplinario del Órgano Judicial de Bolivia. Entre sus atribuciones está el control disciplinario de los vocales y jueces; preseleccionar a los candidatos para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental;  preseleccionar a los candidatos para la conformación de los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el TSJ, y nombrar a los jueces de Partido y de Instrucción.