Procuraduría pidió investigar a Mesa

Caso Quiborax

La Procuraduría General del Estado (PGE) decidió pedir a la Fiscalía General que investigue al expresidente Carlos Mesa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, según la máxima autoridad de esta instancia, Pablo Menacho.

Luego de conocerse el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que sentenció a Bolivia a pagar $us 48,6 millones a Quiborax, empresa propietaria de Non-Metallics Mineral, por una reversión de contrato en el Salar de Uyuni, la PGE tomó cartas en el asunto.

 "La responsabilidad principal tiene que ver con el incumplimiento del Artículo 3 de la Ley 2564 que encierran tres mandatos que dice que el Poder Ejecutivo de ese momento primero tiene que llevar adelante seis auditorias jurídicas y si esas seis auditorías jurídicas demuestran que esas empresas estaban en incumplimiento de la Ley, se tenía que declarar la nulidad, y todo esto se tenía que hacer en un plazo perentorio de 60 días desde la emisión de la Ley”, afirmó.

Menacho identificó supuestos equívocos en la gestión presidencial de Mesa y que a causa de ello, ahora ha una sentencia en contra del país.

“La Ley fue emitida el 9 de diciembre del 2003 y el plazo corría hasta el 9 de febrero 2004, pero no se cumplió ni con las auditorias ni con el plazo de los 60 días, el 23 de junio el expresidente Mesa emite el DS 27589, y luego revocó de manera ilegal las concesiones mineras”, recordó.

La empresa Quiborax anuncia en aquel tiempo al expresidente Carlos Mesa la existencia de la controversia internacional.

“El Gobierno del expresidente Mesa equivocó el camino y no siguió el procedimiento que le fue establecido por la Ley 2564, no cumple con su Artículo 3 y revoca las concesiones mineras en vez de llevar adelante un proceso de nacionalización”, puntualizó.

Menacho insistió que la exautoridad de Estado tenía un año para resolver la controversia con la compañía minera Quyiborax y no lo hizo.

El Procurador Pablo Menacho, aseguró que la decisión de iniciar proceso mediante la Fiscalía no tiene que ver con un tema electoral.