Seguridad

El Ministerio de Educación y la Policía Boliviana suscribieron un convenio interinstitucional para promover planes y programas de prevención y sensibilización, que permitan garantizar la seguridad ciudadana en las unidades educativas de todo el país.
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POLICÍA SE COMPROMETE A GARANTIZAR SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ESCUELAS

El Ministerio de Educación y la Policía Boliviana suscribieron un convenio interinstitucional para promover planes y programas de prevención y sensibilización, que permitan garantizar la seguridad ciudadana en las unidades educativas de todo el país.

“A partir de este convenio, junto con nuestra Policía Boliviana, daremos mayor seguridad a nuestras unidades educativas. Además, a través de los planes y programas que implementaremos en nuestras escuelas”, manifestó el ministro de Educación, Edgar Pary.

El convenio establece que el Ministerio de Educación, a través de las Direcciones Departamentales de Educación, coordinará con la Policía Boliviana para que, a través de servidoras y servidores públicos policiales, se desarrollen en las unidades educativas planes y programas de capacitación, campañas y otras actividades de prevención y sensibilización sobre temáticas de trata y tráfico de personas, violencia, consumo de drogas.

Por su lado el Comandante General Interino de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, dio a conocer que la Policía Boliviana trabajará con las Unidades Educativas del Sistema Educativo Plurinacional a través del “Programa de Prevención DINO”, que propiciará la coordinación de espacios en unidades educativas.

En Potosí, la Aduana Nacional comisó 13.000 toneladas de cerveza, un camión con bebidas alcohólicas y 167.000 toneladas de aceite, azúcar, harina, jugos y leche en polvo, todo valorado en 336.000 bolivianos.
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CONTRABANDISTAS UTILIZAN A MENORES DE EDAD PARA EMBOSCAR ADUANEROS EN POTOSÍ

En Potosí, la Aduana Nacional comisó 13.000 toneladas de cerveza, un camión con bebidas alcohólicas y 167.000 toneladas de aceite, azúcar, harina, jugos y leche en polvo, todo valorado en 336.000 bolivianos.

Las 13.017 toneladas de cerveza ilegal equivalen a más de 139.500 bolivianos, se suma un camión con bebidas alcohólicas equivalentes a 80.000 bolivianos, las cuales, fueron incautadas en Potosí y frontera Villazón; en cuanto a las 167.000 toneladas de productos comestibles, las mismas fueron valoradas en 116.500 bolivianos.  En dos operativos tres agentes aduaneros sufrieron una emboscada por un grupo de menores de edad, y una mujer, causando heridas a un funcionario y daños materiales, informó el Gerente Regional Potosí, Alex Mamani. 

La emboscada ocurrió cerca de Karachipampa, cuando tres funcionarios de la unidad de Control Operativo Aduanero (COA) retornaban de incautar bebidas alcohólicas procedentes de Argentina, las cuales no portaban la documentación respectiva y eran trasladadas en un camión Nissan Condor.

La Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que el Ministerio Público emitió la imputación formal en contra de Milton F. A. de 35 años de edad, Juan Q.G. de 40, Manfred F.C. de 25 y Mauricio Q.R. de 26 años por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Leves, Tenencia, Porte y Portación Ilícita y Tráfico Ilícito de Armas, por presuntamente estar implicados e
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IMPUTAN POR 4 DELITOS A PRINCIPALES SOSPECHOSOS DE LAS MUERTES EN LA UNIVERSIDAD DE POTOSI

La Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que el Ministerio Público emitió la imputación formal en contra de Milton F. A. de 35 años de edad, Juan Q.G. de 40, Manfred F.C. de 25 y Mauricio Q.R. de 26 años por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Leves, Tenencia, Porte y Portación Ilícita y Tráfico Ilícito de Armas, por presuntamente estar implicados en la detonación de una granada de gas lacrimógeno en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí que desencadenó en la muerte de cuatro personas.
“Hemos concluido esta primera etapa del proceso y la Comisión de Fiscales ha concentrado todos los elementos que hemos recabado durante estos dos días de investigación y el día de ayer, en horas de la noche, se ha presentado la imputación formal por los delitos de Homicidio, Lesiones Graves y Leves, Tenencia, Porte y Portación Ilícita y Tráfico Ilícito de Armas en contra de los cuatro sospechosos del hecho que provocó la muerte de cuatro estudiantes”, sostuvo Choque.
la Fiscalía pidió la detención preventiva en el penal de Cantumarca para los sujetos por el lapso de seis meses mientras dura la investigación.
Según las declaraciones testificales, la noche del 08 de mayo del presente año Mauricio Q. R., Milton F. A. y Juan Q. G. se habrían reunido al interior de un vehículo particular con el propósito de comprar la granada de gas y coordinar los roles de cada integrante.

Terminó plazo de reserva del caso
La compra de los 170 respiradores debía tener un costo de fábrica de 1,2 millones de dólares, pero el Estado acordó el proceso de compra por 4,7 millones de dólares
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El fiscal Omar Mejillones informó hoy que, al 90 por ciento de avance de la investigación, lograron establecer que se desmantelaron los kit de los respiradores Respira de procedencia española para inflar los precios de los equipos y luego repartir las ganancias entre el personal del Ministerio de Salud, donde estaría incluido el exministro de Salud Marcelo Navajas.
 
Según declaraciones de los representantes de las empresas españolas recabados por la Fiscalía, GPA Innova vendió cada ventilador y su kit a 6.600 euros (7.430 dólares americanos); sin embargo, el Gobierno boliviano pagó por cada equipo 28.080 dólares. La compra de los 170 respiradores debía tener un costo de fábrica de 1,2 millones de dólares, pero el Estado acordó el proceso de compra por 4,7 millones de dólares. 
 
"Lo que han hecho prácticamente es desmantelar el equipo, es decir, se ha vendido el ventilador pulmonar más su kit a 6.600 euros, lo que ellos han hecho es desmantelar los kit y poner a cada kit un precio, cosa de que alcance a los 28.080 dólares y ése es el monto que se hubiera facturado. Sin embargo, el kit, de acuerdo al contrato que se tiene, es uno solo, es decir el monto total del ventilador pulmonar es 6.600 euros, según lo que ha señalado también el dueño de la empresa GPA Innova", explicó el fiscal Mejillones. 
 
Agregó que el costo total de la comercialización por cada equipo tendría que haber llegado a un aproximado de 20 mil dólares, pero se adquirió con 8.080 dóalres de más, monto que presuntamente iban a repartirse entre los involucrados de este caso. 
 
"Se ha podido establecer de que existirían esos montos de dinero que tendrían que ir repartidos, según lo que han señalado en su declaración, para personal del Ministerio de Salud, entonces todavía no hemos identificado los montos a cuánto les correspondía a cada quien", refirió el fiscal.
 
Mejillones dijo que entre los beneficiarios de la ganancia ilícita estarían: el exministro Navajas, Valenzuela, Pacheco, el cónsul Pareja y las dos consultoras.
 
Además, señaló que los funcionarios públicos omitieron el procedimiento; respecto a Navajas, mencionó que esta autoridad habría "direccionado" la compra sin tener respaldo técnico, por eso "suponemos que también tendría que haberse beneficiado con algún monto de dinero".
 
El fiscal recordó que el mismo "testigo clave" declaró que por hacer subir el precio de los equipos, tanto él y sus socios también acordaron cobrar 340 mil dólares cada uno, haciendo un total de ganancia de 1.020.000 dólares. 
 
Otra irregularidad que hizo notar Mejillones es que el 8 de mayo se inició el proceso de contratación, por instrucción de Navajas, pero antes ya se había pagado un anticipo de 250 mil dólares para reservar los equipos médicos, hecho que hace ver que el proceso de compra estaba direccionado. 
 
A inicios de mayo y para combatir la emergencia provocada por el coronavirus, el Gobierno acordó la compra de 170 respiradores de la empresa española GPA Innova, a través de un intermediario, la empresa IME Consulting. Luego se conoció que los equipos médicos habrían sido adquiridos con sobreprecio, razón por la que la Fiscalía abrió un proceso penal.
 
Tomado: Los Tiempos
Caso seguros
"Tras emitir la orden de aprehensión, hemos activado la alerta migratoria. Él no podrá salir de Bolivia y le recomendamos que se presente y aclare la situación al país"
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El Ministerio Público activó el martes la "alerta migratoria" para evitar la fuga del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz, sobre quien pesa una orden de aprehensión por anomalías en la contratación directa de una empresa aseguradora para la estatal petrolera.
 
"Tras emitir la orden de aprehensión, hemos activado la alerta migratoria. Él no podrá salir de Bolivia y le recomendamos que se presente y aclare la situación al país", sostuvo el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en conferencia de prensa.
 
Advirtió que se agrava la situación legal de Soliz, tomando en cuenta que se lo convocó legalmente en dos ocasiones, en su domicilio y en la oficina de su abogado, y hasta el momento no se presenta ante el Ministerio Público.
 
Sin embargo, Cossío dijo que el acusado remitió un memorial a la Fiscalía, en el que indica que "está presto a declarar en la ciudad de Santa Cruz", un pedido que no es viable porque el proceso "no es a elección del sindicado", sino conforme a la investigación que realiza el Ministerio Público.
 
"Si él dice que es inocente, que venga y se defienda. Nosotros actuaremos conforme establece la ley y el procedimiento; no vamos a actuar de manera abusiva", enfatizó el Fiscal.
 
Soliz es investigado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, en los presuntos contratos irregulares suscritos con una empresa aseguradora.
 
En ese caso, la exgerente jurídica y la exasesora legal de YPFB guardan detención preventiva en las cárceles de Obrajes y Miraflores de La Paz, y la exencargada de los contratos cumple detención domiciliaria.
 
Tomado: Los Tiempos
La madre la abandono junto a su documentación
La mujer había abandonado a su bebé junto a una bolsa y documentación, que posteriormente sirvió para identificarla.
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l Director municipal de la Niñez, Género y Atención Social, Harry Suaznabar, informó que la Policía logró aprehender a una mujer acusada de haber abandonado a su bebé recién nacido en la ciudad de El Alto.

Según el informe, el 20 de mayo la mujer abandonó a su bebé en el sector de El Ceibo, cuando dejó al infante en manos de otra persona, con la excusa de que buscaría hacer cambiar un billete de 50 bolivianos para comprar una bayeta. Tras dejar al bebé, la acusada se alejó rápidamente del lugar y, a pesar de que fue perseguida, logró escapar al ingresar a un baño público con dos salidas.

La mujer había abandonado a su bebé junto a una bolsa y documentación, que posteriormente sirvió para identificarla.

Suaznabar destacó que de manera rápida y eficiente la Policía logró encontrar el domicilio de la sindicada, quien fue aprehendida y llevada a la Fuerza Epecial de Lucha Contra el Crimen.

A nivel nacional
"Los casos de violencia hacia la mujer van aumentando y en esta fecha hemos organizado una actividad para no solamente concienciar y denunciar la violencia", dijo.
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Entre enero y mayo, 12.419 casos de violencia contra la mujer en todo el país; el informe fue ofrecido este viernes, en ocasión de celebrar el Día Internacional de la Familia, informó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

"Los casos de violencia hacia la mujer van aumentando y en esta fecha hemos organizado una actividad para no solamente concienciar y denunciar la violencia, sino, fomentar, favorecer el mantenimiento y mejorar la unidad familiar", manifestó el director nacional de la Felcv, Juan Carlos Alarcón.

La autoridad detalló que desde enero hasta la fecha, se registraron 12.419 casos en todo el país, de los cuales, 2.771 se registraron durante en la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Hechos irregulares
“Nosotros tenemos que tener la certeza de que todos los contratos como la compra de combustible, la provisión de recursos para la alimentación al personal de yacimientos, también merecen ser investigados por el Ministerio Público”
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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que instruyó la conformación de comisiones de fiscales para realizar investigaciones relacionadas a denuncias sobre presuntos casos de corrupción o irregularidades en instituciones del Estado como en YPFB, FAB, ASFI y otras presentadas ante el Ministerio Público durante la presente gestión. 
 
“En el marco de las atribuciones que nos confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establecen como función esencial la defensa de los intereses de la sociedad, se han conformado comisiones para el análisis e investigación de los casos denunciados durante este año que ya están en plena etapa investigativa”, dijo Lanchipa. 
 
Explicó que se tiene el caso de los vuelos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por uso indebido de bienes, es una denuncia que fue presentada en la Fiscalía de Tarija y ha sido declinada por la autoridad judicial por incompetencia territorial y ahora será investigada en la Fiscalía Departamental de La Paz.  
 
La autoridad señaló que dentro del caso de YPFB se han realizado los primeros actuados, para ello se secuestró varios documentos de las oficinas en la ciudad de La Paz, a raíz de la denuncia por la contratación de un seguro, pero el Ministerio Público ve por conveniente que no solamente se investigue ese caso, sino que amplíe la investigación a todos los contratos que se han celebrado durante la etapa de la cuarentena. 
 
“Nosotros tenemos que tener la certeza  de que todos los contratos como la compra de combustible, la provisión de recursos para la alimentación al personal de yacimientos, también merecen ser investigados por el Ministerio Público”, agregó el Fiscal. 
 
En el caso de ASFI, el Fiscal General indicó que “estamos empezando la etapa preliminar investigativa, se va convocar a las autoridades de la ASFI para que puedan presentar su declaración y nosotros también llevar adelante el contraste con las personas que han presentado la denuncia, en relación al incumplimiento de los plazos que se están realizando”.
 
Respecto a los casos de sedición y terrorismo, Lanchipa explicó que en todos los casos referidos a delitos contra el Estado toman su tiempo, sin embargo “le estamos dando la celeridad que corresponde de manera objetiva y sin perjudicar ni beneficiar a nadie, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo.   
   
Con relación al trabajo que desarrolla el Ministerio Público, en este periodo de cuarentena, sostuvo que “el país debe saber que el trabajo de los Fiscales Departamentales, Fiscales de Materia y médicos del Instituto Investigaciones Forenses (IDIF), es permanente, por turnos, durante las 24 horas de los 7 días de la semana con las medidas de bioseguridad, con el fin de atender a la población en casos preocupantes como Infanticidio, Feminicidio y Violencia Familiar, narcotráfico, corrupción, en flagrancia, además de otros delitos de emergencia”.
Caso contrato de seguros
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público fueron quienes ingresaron cerca del mediodía a las oficinas del inmueble situado en la avenida 16 de Julio.
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Las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de La Paz fueron allanadas este martes por la denuncia de presuntas irregularidades en el proceso de contratación de seguros. La Fiscalía secuestró documentos que serán analizados, como parte de la investigación.
 
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público fueron quienes ingresaron cerca del mediodía a las oficinas del inmueble situado en la avenida 16 de Julio, en el centro paceño.
 
Se investiga supuestas irregularidades en el proceso de contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, aunque posteriormente el expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz salió a aclarar que no hubo ninguna contratación.
 
La investigación fue a denuncia de la Unidad de Transparencia de YPFB debido a supuestas irregularidades en la petrolera estatal.
 
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, infirmó la pasada semana que el delito que se investiga es incumplimiento de deberes y otros “en contra de los autores” de las supuestas irregularidades en YPFB.
 
La gerente legal de YPFB, Elizabeth García, informó que el ingreso de la Policía y Fiscalía se dio en el marco de la investigación contra un funcionario de la empresa estatal vinculado con la contratación de póliza de seguro, realizada en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
 
Tomado: La Razón
Potosí
"Estaban con uniforme y fuera de su jurisdicción, por lo tanto se investigan varias hipótesis sobre este hecho”, manifestó.
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El jueves por la noche se detuvo en la localidad de Tupiza, Potosí, a dos efectivos policiales en poder de 97 mil bolivianos. Los efectivos portaban sus uniformes y armas de reglamento, además estaban junto a dos civiles dentro de un motorizado sin autorización para circular.

“Al interior del motorizado estaban el sargento Álvaro M. O. y el cabo Róger Ch. H., junto con los civiles Carlos O. e Ismael P. Ninguna de las cuatro personas pudo justificar el origen y el destino de ese dinero, por ello serán imputadas por los delitos de concusión y atentados contra la salud pública”, detalló el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas.

Ambos efectivos son dependientes del Comando Departamental de la Policía de Oruro, por ello se investiga qué hacían fuera de su jurisdicción. “Vamos a actuar de este modo contra cualquier servidor público policial o ciudadano que cometa actos que deriven en delitos. Estaban con uniforme y fuera de su jurisdicción, por lo tanto se investigan varias hipótesis sobre este hecho”, manifestó.

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